La Fundación Transición Española ha pedido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que su primera medida si llega a la presidencia del Gobierno después de las próximas elecciones generales sea la derogación de la ley de Memoria Democrática. En un acto celebrado en el paraninfo del Instituto Internacional, en Madrid, el exministro Rafael Arias-Salgado, presidente de su Patronato, ha proclamado que «si hay cambio electoral le pediremos al nuevo Gobierno que derogue esta ley, porque lo único que hace es volver a hacer sangrar heridas que la Transición cerro de una manera ejemplar».

Arias-Salgado, que fue ponente de la Ley de Amnistía de 1977 -norma que no ha dudado en definir como «una ley fundacional de nuestra democracia»- ha dado cuenta de la carta que remitió hace unas semanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene más de doscientas adhesiones de asociaciones, fundaciones, políticos, altos cargos, académicos, juristas, historiadores y periodistas, y que el jefe del Ejecutivo no ha contestado, para paralizar la norma.

En el acto han participado también la constitucionalista Teresa Freixes y el historiador José Varela Ortega, nieto del célebre filósofo Ortega y Gaset, que han protagonizado sendas intervenciones muy críticas con la ley de Memoria. Ambos han coincidido, como también Arias-Salgado, en que la norma de la coalición de PSOE y Unidas Podemos, respaldada por sus principales socios, entre ellos ERC y Bildu, pretende deslegitimar la Transición y la «concordia» que sembró entre los españoles después de la dictadura.

Freixes ha tildado de «infantil» que se pretenda «declarar ilegal el régimen franquista», algo que a su juicio ignora incluso la disposición derogatoria de la propia Constitución Española. Varela Ortega ha comenzado su intervención recordando que ese Instituto Internacional de la calle Miguel Ángel de la capital de España fue su colegio, y que allí con once años, en la década de los cincuenta, fue «asediado por los falangistas» que según ha relatado con sorna la tenían tomada con las esculturas de una de las aulas. «A ver si resulta que ahora nos están asediando en la calle ciertos grupos izquierdistas» ha ironizado.

El historiador ha defendido la búsqueda de cuerpos de represaliados en la guerra civil y el franquismo que se encuentran en fosas comunes, algo a lo que su juicio «nadie sensato se puede oponer», pero ha asegurado que no es necesario implantar una ley como la de memoria para llevar a cabo ese propósito.

Los tres ponentes han criticado varios aspectos de la ley, singularmente el hecho de que la investigación sobre la represión de la dictadura pretenda extenderse hasta diciembre de 1983, cuando la Constitución ya llevaba un lustro aprobada y gobernaba en España Felipe González, el primer secretario general del PSOE en democracia. Arias-Salgado ha denunciado que durante la tramitación de la ley en las Cortes no autorizó su comparecencia ni la de otros protagonistas, como habían pedido el PP y Ciudadanos, y que tampoco se admitió ninguna de las enmiendas de la oposición de centroderecha. Al acto ha asistido la también exministra Soledad Becerril, la primera mujer que ocupó una cartera ministerial en la democracia, así como Jaime Lamo de Espinosa, y Rodolfo Martín Villa.